El mismo día de conocerse su triunfo, la presidente Cristina Kirchner dijo: “Los votos no son de nadie…no hay que creérsela.” A pesar de esto y dada su forma cada vez más autoritaria en el ejercicio del poder, quedó en claro que “se la creyó” y muy mal. Si embargo, tuvo razón en lo que dijo, fundamentalmente por los siguientes motivos. En una democracia normal, el pueblo soberano expresa sus preferencias a través de su voto. Por otro lado, el pueblo es, en verdad, una suma de individualidades que expresan su posición frente a determinadas cuestiones de índole público. Cuando existen divergencias, se recurre al sufragio, y dado que todos somos ciudadanos con los mismos derechos, resulta legítimo que se imponga la voluntad de la mayoría, que dicho sea de paso, resulta ser falible al igual que el resto de las posiciones minoritarias.
Como resulta muy dificultoso reunir al pueblo soberano al estilo Ágora griega, para que tome posición sobre las diversas cuestiones de índole público que se presentan frecuentemente en los Estado-Nación modernos, es que se recurre a un sistema de democracia representativa, que es la variante democrática “más legitima” dadas las distancias y las herramientas tecnológicas con las que contamos hasta el momento.
En la democracia representativa, los representantes, es decir, los gobernantes, toman decisiones en representación de los gobernados, es decir, los ciudadanos. La legitimidad de dichas decisiones responde al mandato emanado de una votación libre, transparente y competitiva. Desde luego, lo dicho responde a un ideal democrático y dada la imperfección humana, la experiencia indica que las elecciones, sobre todo aquellas que involucran a millones de personas, contienen distorsiones que la alejan de la perfección. El problema surge, sin embargo, cuando dichas distorsiones son de tal magnitud que ponen en cuestionamiento la legitimidad de la representación democrática. ¿Quién puede afirmar seriamente que en provincias como San Juan, Catamarca, Chaco, La Rioja, San Luís o en municipios como José C. Paz, La Matanza o Merlo hay elecciones razonablemente libres, transparentes y competitivas? El clientelismo político condiciona la libertad de las personas, el candidato oficialista no solo corre con el “caballo del comisario” sino que también cuenta impúdicamente con el dinero de los contribuyentes para su campaña electoral y, por último, los aparatos recurren a métodos tramposos cuando ven peligrar su caudal de votos, como ocurrió en la elección presidencial del 2007, en donde el robo sistematizado de boletas evitó el seguro balotaje.
Sin embargo, y a pesar de las irregularidades mencionadas, tampoco puede afirmarse lo contrario. Esto es, que los gobernantes emanados de elecciones severamente condicionadas sean ilegítimos. En primer lugar, porque muchos de ellos, aún con guarismos considerablemente menores, hubiesen resultado ganadores aún en un escenario verdaderamente democrático. En segundo lugar, porque algunos de esos candidatos electos no son principalmente responsables de las irregularidades del sistema. En conclusión, por el momento, podemos afirmar que no estamos frente a un escenario de fraude flagrante, sino más bien, en lo que llamaré, una representación democrática condicional. Este tipo de representación exige del gobernante electo prudencia en grado extremo y un reconocimiento de la debilidad de su legitimidad. Al igual que el individuo que luego de haber cometido un delito goza de libertad condicional, es decir, está “casi” libre, el gobernante emanado de elecciones poco democráticas está “casi” legitimado. Entonces, la debilidad de su representación lo habilita a tomar decisiones administrativas de importancia media y le impide tomar decisiones en aquellas cuestiones que resulten de gran importancia para la sociedad que representa débilmente. Por ejemplo, en los recientes acontecimientos represivos que se produjeron en Catamarca y La Rioja, sus gobernantes no deberían creérsela, ya que los votos que los encumbraron en sus posiciones no son de nadie, como dijo Cristina, dado que el sistema que los generó impide conocer razonablemente el pronunciamiento de un pueblo libre. Por lo tanto, para este tipo de decisiones transcendentales referidas a la explotación de las riquezas naturales de una comunidad y la salud de sus pobladores, estos gobernantes “casi” legitimados estarán impedidos de arrogarse la representación del pueblo, y por lo tanto, deberán buscar la legitimidad que no le fue conferida en el proceso eleccionario a través del contacto directo con el pueblo, por ejemplo, mediante una ronda de audiencias públicas. Si así no lo hicieren, no solo Dios y la patria se lo demandarán, sino también, el pueblo soberano, estará legitimado para resistir al opresor y hacer tronar el escarmiento. Por cierto, y Cristina lo sabe, éste razonamiento es válido para los habituales atropellos del poder ejecutivo nacional.
