El partido de La Matanza cuenta con aproximadamente 2 millones de personas. Por este motivo, suele denominarse “La quinta provincia”. Solamente en la localidad de Gregorio de Laferrere hay más habitantes que en las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego juntas. Un mero análisis basado en el sentido común dejaría en evidencia la conveniencia de dividir tan populoso distrito. Sin embargo, la cuestión se torna aún más inaceptable si la analizamos desde el punto de vista de la representación política o la asignación eficiente de recursos económicos y servicios administrativos. Tanto en un caso como en el otro, nuestro partido hace agua desde hace muchos años. En el caso de la representación política la insensatez es evidente: 1 concejal por cada 83.333 personas. Esta relación resulta ser inmanejable para el buen concejal e improductiva para esa multitud de ciudadanos que generalmente no conoce el nombre, los antecedentes y el accionar de su “representante”.
Por otro lado, al tener asignado un presupuesto y estructuras administrativas de índole municipal pero necesidades de magnitud provincial, los desarreglos y deficiencias en la gestión Estatal son absolutamente evidentes e indisimulables. El resultado de este ordenamiento pernicioso es que la calidad de vida de todos los vecinos se va deteriorando paulatinamente, fundamentalmente la de aquellos sectores más pobres y vulnerables, que son la mayoría de la población matancera, aumentando y fomentando la grieta social existente entre los distintos habitantes del primero, segundo y tercer cordón municipal.
Queda claro, entonces, que el mal llamado bastión del peronismo es, en realidad, el bastión de la pobreza. Un sistema claramente demagógico que consiste en declamar las bondades de la justicia social mientras que en los hechos se fomenta todo lo contrario, multiplicando la pobreza material y cívica de sus ciudadanos, con el claro objetivo de dominarlos para mantener en el poder a quienes hacen uso del más perverso de los crímenes: someter, engañar y usar a los más necesitados.
27 años de injusticia social son prueba de este relato.
